1 JULIO

A la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 marzo 2020 (Asunto C-125/2018) relativa los préstamos hipotecarios a interés variable referenciados a IRPH, se ha generado cierta inseguridad jurídica, con la interpretación y aplicación que de la citada sentencia han hecho algunas Audiencias Provinciales, y la disparidad de criterios que han utilizado, y todo ello pese a lo evidente y claro que resulta el pronunciamiento del TJUE, especialmente la (conclusión 3ª del fallo)  que contempla una clara extensión del deber de información con relación a dos elementos de comprensibilidad determinantes en materia de control de transparencia:

El primero es que el predisponente debe facilitar la comprensibilidad de los elementos básicos o esenciales que conforman la composición del índice de referencia, esto es, qué elementos intervienen en su configuración y cómo se obtiene su media.

El segundo, con mayor insistencia si cabe, es la necesaria facilitación de los escenarios pasados de fluctuación de dicho índice de referencia, para que el consumidor visualice de forma fácil la evolución reciente de dicho índice.

Pues bien, para conocer con mayor detalle y rigor las consecuencias prácticas de la citada Sentencia del TJUE y las criterios que debe contener una doctrina jurisprudencial adaptada al Derecho comunitario de consumo, nadie mejor que el ex Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Civil, Francisco Javier Orduña, cuyos votos particulares son doctrina jurisprudencial mayoritaria europea, y cuya visión realista y  práctica ayudarán a comprender las claves que tendrá la doctrina jurisprudencial sobre IRPH.